Miguel Ángel Pérez Triano remitió una propuesta al Ministerio del Interior el 16 de julio para reformar la Ley de Extranjería tras la sentencia del Supremo que prohibía las devoluciones en caliente. Ocho días después, el 24 de julio, envió otra comunicación a Política Territorial solicitando refuerzos y un centro de triaje. El PSOE ceutí pidió ayuda a Ferraz el 28 y el 29 de julio: «Esto no es lo de todos los veranos. Hemos perdido la cuenta ya». El Gobierno asegura que se atendieron los requerimientos y se enviaron refuerzos policiales antes del 30 de julio.
La crisis migratoria de Ceuta no fue una sorpresa. Al menos, no para las autoridades locales, que llevaban semanas advirtiendo al Gobierno central de que la situación se estaba desbordando. Según ha desvelado EL PAÍS, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, remitió al Ministerio del Interior una propuesta para reformar la Ley de Extranjería apenas una semana después de que el Tribunal Supremo publicara la sentencia que prohibía las devoluciones en caliente de inmigrantes que entraran a nado.
Esa comunicación, fechada el 16 de julio, no fue la única. Ocho días después, el 24 de julio —seis días antes de que cruzaran la frontera unas 80.000 personas —, Pérez Triano envió otra comunicación, esta vez dirigida al Ministerio de Política Territorial , en la que solicitaba medidas de refuerzo y la creación de un centro de triaje porque la presión migratoria era ya «grave».
Las cifras que anticipaban la tragedia
Los datos que manejaba la Delegación del Gobierno en aquellos días anticipaban lo que estaba por venir. Para el 16 de julio, habían intentado entrar a nado desde Marruecos más de 700 personas, de las que 52 lo habían conseguido . Para el 24 de julio, la cifra de intentos se había elevado a más de 1.300, con 172 entradas exitosas. La tendencia era clara: el volumen de intentos se estaba multiplicando y los recursos locales empezaban a ser insuficientes.
Fuentes del Ejecutivo y del Ministerio del Interior consultadas por EL PAÍS aseguran que se atendieron los requerimientos y que se dotó de refuerzos policiales antes de la avalancha del 30 de julio. Sin embargo, la magnitud de lo que ocurrió después —la entrada de 80.000 personas en apenas dos días— desbordó todas las previsiones y evidenció que los refuerzos enviados eran insuficientes para una crisis de esas dimensiones.
«Esto no es lo de todos los veranos»
La preocupación no se limitó a la Delegación del Gobierno. Según el mismo medio, miembros del PSOE ceutí pidieron ayuda a la dirección federal del partido en Ferraz el 28 de julio, dos días antes de la entrada masiva, y el 29 trasladaron que había que tomar medidas «rápido» porque el episodio era «crítico».
» La situación es insostenible. Estamos desbordados. Desde la Delegación se mantiene contacto con el Gobierno, pero necesitamos apoyo y ayuda. La situación es muy preocupante. No sé si desde Ferraz se puede plantear la situación», se expuso en mensajes de WhatsApp de los que son conocedores distintos miembros del partido. » Esto no es lo de todos los veranos. Esto no es lo de todos los años. Hemos perdido la cuenta ya «, añadían.
Estos mensajes, que circularon por los canales internos del partido, evidencian que la preocupación por lo que se avecinaba era generalizada en Ceuta y que trascendía a la propia Delegación del Gobierno. La sensación dominante en la ciudad durante aquellos días era la de que se necesitaba ayuda urgente ante una situación que empezaba a desbordarse por completo.
El debate político: ¿se podía haber evitado?
La revelación de estas comunicaciones reabre el debate sobre la gestión de la crisis y sobre si el Gobierno central pudo haber actuado antes para evitar o mitigar la entrada masiva. El Ejecutivo sostiene que se atendieron las peticiones y que se enviaron refuerzos, pero la oposición lleva semanas exigiendo explicaciones sobre por qué no se tomaron medidas más contundentes cuando las advertencias eran tan claras.
La crisis de Ceuta cumple ya más de dos meses sin que la situación se haya normalizado por completo. Miles de personas permanecen aún en la ciudad autónoma, y los episodios de tensión social y vecinal se han multiplicado en las últimas semanas. El caso ha derivado en una crisis política de primer orden, con el PP y Vox exigiendo la dimisión de Sánchez y con el propio Gobierno dividido por las contradicciones entre ministros sobre quién sabía qué y cuándo.
