El ministerio público ha presentado un escrito en el que insta al magistrado Antonio Viejo a conceder a la Guardia Civil el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social del empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como de dos directivos de Quirón Prevención. La Fiscalía defiende que los datos fiscales son «menos invasivos» que las cuentas bancarias —ya autorizadas— y que sin ellos la investigación «cojea» y se alarga innecesariamente.
Un pulso judicial por la información fiscal de los investigados
El juez Antonio Viejo, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se enfrenta a una decisión clave en la investigación que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La UCO lleva meses pidiendo acceso a los datos fiscales y de la Seguridad Social del empresario y de otros dos investigados: Francisco Javier Camino (presidente de Quirón Prevención) y su esposa, María Gloria Carrasco.
El pasado junio, el magistrado concedió a la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de los investigados, pero cerró la puerta a la información tributaria. Ahora, la Fiscalía ha dado un paso al frente para respaldar la petición de la UCO y desbloquear esos datos.
La clave: comparar la información bancaria y fiscal
En su escrito, la Fiscalía argumenta que la información fiscal es «indispensable» para que la UCO pueda cumplir con su encomienda. Los agentes necesitan comparar los datos bancarios con los tributarios para detectar «flujos no declarados» o «diferencias» entre lo que aparece en las cuentas y lo que se ha declarado a Hacienda.
«Se trata de informaciones complementarias cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta» , señala el ministerio público en su escrito, al que ha tenido acceso RTVE.
La lógica de la Fiscalía: menos invasivo, más eficaz
La Fiscalía ha utilizado un argumento contundente para tratar de convencer al juez: si ya se autorizó el acceso a las cuentas bancarias —la medida «más invasiva»—, no tiene sentido negar la información fiscal, que es «mucho menos invasiva». Además, los datos solicitados ya están en manos del Estado, por lo que no se está invadiendo ningún espacio nuevo.
El ministerio público también advierte de que retrasar esta decisión «alarga innecesariamente la instrucción», lo que perjudica tanto al interés público como a los propios investigados.
El contexto político y judicial
La petición de la Fiscalía se produce después de que las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) solicitaran esta misma semana ampliar la investigación a González Amador, Camino y Carrasco por posibles delitos fiscales. La decisión del juez Viejo en las próximas semanas podría marcar el rumbo de una causa que tiene en el punto de mira al círculo más cercano a la presidenta madrileña.
