El magistrado ha imputado a la directora de la Guardia Civil y al exjefe de la Unidad de Asuntos Internos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. La investigación se centra en las supuestas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez, a sueldo del PSOE, para presionar a la UCO de la Guardia Civil por posibles filtraciones en causas que afectan al Gobierno.
Una imputación que agita la cúpula de la Guardia Civil
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha dado un paso más en la investigación del ‘caso Leire Díez’ al imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Manuel Llamas. La decisión se ha tomado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia.
La investigación, que se ha convertido en uno de los casos más sensibles para el Gobierno, indaga sobre las presuntas maniobras de Leire Díez, exmilitante socialista contratada por el PSOE para investigar posibles filtraciones en la UCO que afectaran a causas judiciales contra dirigentes del partido.
La declaración de los exjefes de la UCO
La imputación de González y Llamas se produce después de que dos exresponsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, ratificaran la semana pasada ante el juez que les indicaron que debían «ponerse de perfil» en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno. Esta declaración ha sido clave para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación.
La estrategia de Leire Díez y la defensa del Gobierno
Leire Díez, que fue contratada por el PSOE para realizar un seguimiento de las investigaciones judiciales que afectaban al partido, habría presionado a altos cargos de la Guardia Civil para obtener información y filtrarla a la cúpula socialista. La investigación trata de esclarecer si hubo una intencionalidad de obstruir la acción de la justicia y si se cometieron delitos de prevaricación.
El Gobierno ha defendido la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado que no ha habido ninguna injerencia en su labor. Sin embargo, la imputación de Mercedes González y Manuel Llamas supone un golpe para el Ejecutivo.
