La esposa del presidente del Gobierno ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización para salir de España con dos motivos: asistir a la cumbre de la OTAN que se celebrará próximamente y a la graduación de su hija. La petición llega después de que el magistrado adoptara como medida cautelar la prohibición de abandonar el país en el marco del caso que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La petición de Begoña Gómez al juez Peinado
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización para salir de España. La petición, que ha sido presentada a través de su abogado, Antonio Camacho, tiene como objetivo que la investigada pueda asistir a dos eventos de carácter personal y profesional.
El primero de ellos es la cumbre de la OTAN que se celebrará en los próximos días, un evento de relevancia internacional al que Gómez desea asistir. El segundo es la graduación de su hija, un evento familiar que la esposa del presidente no quiere perderse.
La prohibición de salir de España
La petición de Gómez llega después de que el juez Peinado adoptara como medida cautelar la prohibición de que salga de España. El magistrado acordó esta medida, junto con la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, al apreciar riesgo de fuga en el auto que abría juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La defensa de Gómez ya había recurrido las medidas cautelares, argumentando que su escolta policial hace «inexistente» cualquier posibilidad de huida y calificando de «ofensiva» la sugerencia del juez Peinado sobre una eventual fuga facilitada por los agentes de su seguridad.
El contexto de la causa judicial
El juez Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La decisión de enviarlos a juicio no puede recurrirse, pero sí las medidas cautelares.
La investigación, que ha generado una gran atención mediática y política, se centra en la posible utilización de la influencia de Gómez para favorecer a Barrabés en la adjudicación de contratos públicos.
