El Gobierno de España se encuentra en la fase final de la redacción de un decreto que busca regularizar la situación administrativa de cerca de 500.000 personas que actualmente residen en el país sin permiso oficial. Sin embargo, el texto final incluirá una modificación sustancial respecto al borrador original: la obligatoriedad de acreditar la ausencia de antecedentes penales para poder acceder a la residencia y al permiso de trabajo.
Este cambio responde a un aviso directo del Consejo de Estado, que consideró que la propuesta inicial era insuficiente en materia de seguridad y control. Tras este dictamen, el Ejecutivo ha decidido integrar esta exigencia como un filtro indispensable para garantizar que el proceso se realice bajo estrictos estándares de legalidad y orden público.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida subrayando la importancia de ofrecer una respuesta «ordenada» y «garantista» a una realidad social ya consolidada en España. Según fuentes gubernamentales, el decreto busca integrar a estos ciudadanos en el sistema laboral y social, permitiéndoles contribuir de manera legal a la economía del país mientras se asegura un proceso de regularización coherente con las recomendaciones de los órganos consultivos.
