Este lunes 30 de marzo se ha formalizado en la sede del Defensor del Pueblo la firma del protocolo que establece las reglas de juego para la reparación de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica en España. El documento, suscrito por la Iglesia, el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es la pieza clave que faltaba para ejecutar los procedimientos de solicitud y abono de las reparaciones acordadas el pasado mes de enero.
El nuevo sistema, que entrará en funcionamiento el próximo 15 de abril, está diseñado especialmente para aquellos casos que ya no tienen recorrido en la vía judicial debido a la prescripción de los delitos. El proceso se centralizará a través del Ministerio de Justicia y la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que tendrá un plazo máximo de tres meses para elaborar una propuesta de resolución tras estudiar cada caso individualmente.
A pesar de la importancia del acuerdo, el anuncio ha llegado con una decisión que genera división: no habrá baremos fijos para las cuantías. Según ha confirmado Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), las indemnizaciones —que podrán ser simbólicas, espirituales o económicas— se evaluarán caso por caso. Esta falta de baremos ha sido la principal crítica de las asociaciones de víctimas, que reclaman criterios objetivos para garantizar la equidad y la transparencia en todo el proceso.
Con esta firma, el Estado y la Iglesia buscan ofrecer una respuesta institucional a una demanda histórica de justicia restaurativa, marcando una hoja de ruta clara para que las víctimas puedan ver reconocido el daño sufrido décadas atrás.
