El Ministerio de Función Pública ha alcanzado un acuerdo definitivo con los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. para reducir la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE). A partir de mediados de abril de 2026, unos 250.000 trabajadores públicos pasarán de las 37,5 horas semanales actuales a las 35 horas, recuperando un derecho que llega con más de tres años de retraso respecto a lo previsto inicialmente.
La medida tendrá un impacto masivo en Madrid, sede de la estructura central del Estado, afectando a trabajadores de ministerios, la Seguridad Social, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y diversos organismos autónomos. El acuerdo no excluye a ningún ámbito de esta administración, garantizando que el recorte horario se aplique de forma transversal.
Un acuerdo con aval sindical pleno La firma del acuerdo supone un éxito para las centrales sindicales, que llevaban meses presionando para equiparar la jornada de los empleados estatales con la de muchas comunidades autónomas que ya disfrutan de las 35 horas. Según fuentes de Función Pública, la reducción horaria no solo busca mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino también modernizar la administración y atraer talento joven al sector público.
Este cambio organizativo obligará a los distintos centros de trabajo a reajustar sus cuadrantes y turnos de cara a la segunda quincena de abril. Aunque el recorte de jornada es una victoria laboral, el reto para el Ejecutivo será mantener la calidad del servicio al ciudadano y la agilidad en trámites clave como las pensiones o las prestaciones por desempleo con una jornada presencial más reducida.
