En una votación que marca un cambio de paradigma en la gestión de las fronteras continentales, el Parlamento Europeo ha adoptado un mandato que permitirá la creación de centros de inmigración fuera del territorio de la Unión Europea. La medida ha salido adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, contando con el respaldo del Partido Popular Europeo y los grupos de derecha y extrema derecha.
La normativa aprobada establece la obligatoriedad de los demandantes de asilo, cuya protección haya sido denegada, de cooperar activamente con las autoridades para agilizar su expulsión. En caso de falta de cooperación, el texto aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses.
Uno de los puntos más polémicos de la medida es que estos plazos de detención podrán aplicarse incluso a menores no acompañados y familias con niños pequeños. Aunque los eurodiputados han matizado en el texto que esta debe ser una medida de “último recurso”, las organizaciones en defensa de los derechos humanos y los grupos de izquierda en Madrid y Bruselas ya han cuestionado que la norma respete los derechos fundamentales básicos y los tratados internacionales de protección a la infancia.
La izquierda europea ha criticado duramente el acuerdo, denunciando una «externalización de las fronteras» que, a su juicio, traslada la responsabilidad de los derechos humanos a terceros países. Por su parte, los defensores de la medida argumentan que es un paso necesario para recuperar el control de los flujos migratorios y garantizar la seguridad interna de la Unión.
