El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles una medida legislativa histórica: la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. La decisión responde a una creciente preocupación de salud pública respaldada por datos que califican la situación de «tendencia alarmante«.
Según los últimos informes de expertos en salud, más del 40% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumen habitualmente estos productos, caracterizados por sus altas concentraciones de cafeína, taurina y azúcares. Los especialistas advierten que este consumo regular en organismos en desarrollo puede derivar en problemas de sueño, ansiedad, palpitaciones e incluso dependencia.
La medida cuenta con un abrumador respaldo social. El último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) revela que el 90% de los ciudadanos españoles es partidario de restringir el acceso de los menores a estas bebidas.
«Estamos ante un desafío de salud pública que requiere firmeza«, han señalado fuentes del Ministerio. La nueva normativa buscará no solo limitar el acceso físico al producto, sino también regular su publicidad y concienciar sobre los riesgos asociados a estos estimulantes que, a menudo, se comercializan bajo una estética atractiva para el público adolescente.
