El Ministerio de Hacienda enfrenta un rechazo mayoritario a su propuesta de reforma de la financiación autonómica. En una jornada marcada por la división territorial, catorce comunidades autónomas han mostrado su oposición frontal al modelo presentado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dejando a Cataluña como el único apoyo institucional al plan del Ejecutivo.
Un modelo «a medida» bajo sospecha El frente opositor no es solo de signo político, ya que a las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han sumado las administraciones socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. Las críticas coinciden en un punto: consideran que el sistema ha sido diseñado «a medida» de los intereses de Cataluña tras el pacto inicial con Esquerra Republicana, comprometiendo, según los críticos, los principios de igualdad y solidaridad interterritorial.
La defensa de Hacienda: 21.000 millones y voluntariedad Por su parte, el Ministerio de Hacienda defiende la viabilidad del proyecto asegurando que el nuevo sistema inyectará 21.000 millones de euros adicionales al conjunto de las comunidades. La vicepresidenta Montero ha subrayado que el modelo tendrá un carácter voluntario, permitiendo que cada región decida libremente si se acoge a las nuevas condiciones o permanece en el sistema actual, una cláusula con la que el Gobierno espera rebajar la tensión política.
A pesar de los incentivos económicos, el consenso parece lejano. La falta de apoyo de la mayoría de los barones territoriales augura un complejo trámite legislativo y un intenso debate sobre la cohesión económica del Estado.
