En una declaración determinante ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe de la DANA, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha reconocido que le resultó imposible contactar con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el tramo horario más crítico de la emergencia. Según el testimonio, esta falta de comunicación impidió informar al jefe del Consell sobre la posibilidad de decretar un confinamiento general de la población.
Pradas, quien compareció en calidad de investigada, detalló ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) barajó opciones drásticas para mitigar el impacto del temporal. Sin embargo, la ausencia de respuesta directa por parte de la presidencia durante las horas en las que el barranco del Poyo ya se había desbordado condicionó la toma de decisiones urgentes.
La exconsellera subrayó que, a pesar de los intentos de localización, la cadena de mando presentó lagunas operativas graves. Esta confesión refuerza las tesis de las acusaciones, que señalan una demora injustificada en la emisión de las alertas masivas a los teléfonos móviles de los ciudadanos, las cuales no llegaron hasta pasadas las 20:00 horas, cuando muchas localidades ya estaban inundadas.
La declaración de Pradas supone un giro relevante en la instrucción judicial, al señalar directamente la incomunicación del máximo responsable autonómico en un momento donde cada minuto era vital para la seguridad civil. La investigación continúa ahora centrada en reconstruir la agenda exacta del presidente Mazón durante esa tarde y los motivos técnicos o políticos que impidieron la coordinación efectiva entre las carteras de Interior y Presidencia.
