La disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien instó a Isabel Díaz Ayuso a cumplir con la ley y crear un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto.
El comentario encendió la respuesta de la presidenta madrileña, que acusó al jefe del Ejecutivo de hablarle “en tono machista” y de intentar imponerle “lecciones” sobre un tema que ella misma ha vivido en carne propia. “He sufrido el drama del aborto dos veces. ¿Quién se cree el presidente para hablar en nombre de todas las mujeres?”, cuestionó Ayuso.
La líder del PP madrileño defendió que en su comunidad la interrupción voluntaria del embarazo se realiza “de manera legal y con respeto”, recordando que una de cada cinco intervenciones del país tiene lugar en Madrid. “No vamos a permitir listas negras de médicos, ni por practicar abortos ni por negarse a hacerlo”, subrayó.
Ayuso insistió en que la objeción de conciencia está protegida por la Constitución y que “nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias”. Además, criticó la intención del Gobierno de blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, calificando la medida como un intento de “dinamitar la ley de leyes”.
Con esta nueva confrontación, el debate sobre el aborto en España vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre los derechos individuales, la libertad de conciencia y el uso político de un tema profundamente personal.
