Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. FOTO CNN
En un movimiento que agudiza la ya tensa relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno estadounidense ha anunciado sanciones contra cuatro funcionarios de la corte. La medida responde a la investigación que la CPI lleva a cabo sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en territorio palestino.
Las sanciones, que incluyen la congelación de activos en EE.UU. y la prohibición de entrada al país, afectan a dos jueces y dos fiscales de la CPI. Washington justifica su decisión argumentando que la corte representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y de su aliado, Israel.
La CPI, por su parte, ha calificado las sanciones como un ataque a su independencia judicial, denunciando la injerencia de EE.UU. en sus investigaciones. Francia y otros países han expresado su apoyo a la corte, subrayando la importancia de garantizar su autonomía para investigar y juzgar crímenes internacionales.
Esta acción se suma a una serie de medidas adoptadas por administraciones estadounidenses anteriores, incluyendo la de Donald Trump, en contra de la CPI. La controversia se centra en la jurisdicción de la corte para investigar crímenes cometidos por ciudadanos de países que no son miembros de la CPI, como es el caso de EE.UU. e Israel.
La decisión de EE.UU. ha generado una ola de críticas a nivel internacional, poniendo de manifiesto la creciente tensión entre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de garantizar la justicia internacional.
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