El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha finalizado el expediente sancionador contra la plataforma global de alquiler turístico Airbnb, imponiendo una multa que asciende a 64.055.311 euros contra 65.000 anuncios sin licencia y publicidad engañosa. La resolución, que ya es firme en vía administrativa, responde a infracciones graves de la normativa de consumo detectadas en la publicación de anuncios de vivienda.
El Ministro Pablo Bustinduy subrayó en rueda de prensa que esta sanción, la segunda más alta en la historia de España, «refuerza la tarea de control frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda» y es una demostración clara de que «ningún actor económico puede eludir sus obligaciones.»
Detalles de las Infracciones
La Dirección General de Consumo identificó un total de 65.122 anuncios en la plataforma que incurrieron en prácticas comerciales desleales, principalmente por:
• Publicación sin Licencia: Ofertar alojamientos turísticos sin incluir el número de registro obligatorio, contraviniendo la normativa autonómica.
• Publicidad Engañosa: Usar números de licencia o registro falsos o incorrectos en los anuncios, así como omitir información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La cuantía impuesta se ha calculado como el equivalente a seis veces el beneficio ilícito que la compañía obtuvo a raíz de estas prácticas, a partir del momento en que fue apercibida por el Ministerio. Este cálculo subraya que la empresa persistió en la publicación de contenidos ilícitos pese a tener conocimiento de su carácter irregular.
Como medidas accesorias, se ha ordenado a Airbnb la rectificación inmediata de los incumplimientos, lo que implica la eliminación de todos los contenidos ilícitos publicados, y la obligación de hacer pública la sanción impuesta.
Este fallo se suma a otros esfuerzos del Ministerio por regular el sector de la vivienda, incluyendo recientes expedientes y multas a agencias inmobiliarias por cobros indebidos a inquilinos.
